Más de 50 alegaciones marcarán el punto de partida del nuevo texto normativo. Antes de redactarlo, la Dirección General de Ordenación del Juego quiere escuchar directamente a las entidades que las han presentado.
La reforma de la Ley del Juego entra en su fase de diálogo. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), ha iniciado una ronda de reuniones con las principales entidades que participaron en la consulta pública previa para modificar la Ley 13/2011.
El calendario echó a andar ayer, martes 21 de julio, con Jdigital. En los próximos días será el turno del juego presencial, cuyas asociaciones se sentarán con la DGOJ el jueves 23 de julio, y de otros actores relevantes del sector. Entre ellos, LaLiga, con reunión prevista para el martes 28 de julio. El proceso de conversaciones se extenderá hasta septiembre.
Qué está en juego en la reforma
La consulta pública, abierta el pasado mayo, buscaba recoger la mirada de ciudadanía, organizaciones y agentes del sector sobre los retos que debe resolver la nueva ley. El resultado: más de 50 alegaciones que servirán de base para el futuro texto.
La reforma apunta a varios frentes. Reforzar la verificación de identidad y el control de los medios de pago para frenar la suplantación y el acceso de menores. Endurecer la respuesta frente al juego ilegal. Regular la presencia de famosos e influencers en la publicidad de juego. Y sumar nuevas herramientas para seguir avanzando en la protección de las personas jugadoras.
Por qué estas reuniones importan
Más allá del trámite, la DGOJ quiere conocer de primera mano las propuestas presentadas y mantener un diálogo abierto con cada actor antes de redactar el anteproyecto. La idea es contrastar perspectivas —que en este sector no siempre coinciden— y construir un marco equilibrado, ajustado a la realidad actual del juego y orientado a proteger a quienes juegan sin renunciar a la eficacia de la regulación online.
Cuando termine esta fase y se analicen todas las aportaciones, la DGOJ elaborará un texto articulado que pasará por el trámite de información y audiencia pública. Es decir, habrá una nueva oportunidad para que sectores afectados y ciudadanía vuelvan a pronunciarse antes de que la norma siga su camino.
Fuente: DGOJ